INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ÁNIMO DE LUCRO
¿LA SALVACIÓN DE COLOMBIA?
Partiendo del hecho que el gobierno de la “Unidad Nacional” presentará el 20 de julio otra propuesta de reforma a la ley 30 de educación superior, es importante dar un análisis del anteproyecto que se dio a conocer a la opinión pública y el cual tuvo un enérgico rechazo por parte de la comunidad universitaria, ya que lo que realmente se busca es estructurar el modelo académico de Colombia a los requerimiento del mercado de hoy en día, así que los cambios serán simplemente de forma y no de fondo.
Unos de los artículos de la propuesta que más polémica generó fue el artículo 32: “Las Instituciones de Educación Superior privadas pueden ser personas jurídicas organizadas… como sociedades anónimas con propósito especial para la prestación del servicio público de Educación Superior” (1). Esas sociedades anónimas tendrían, obviamente, ánimo de lucro.
El argumento del gobierno ha sido el atraer la inversión privada para aumentar el acceso, la permanencia y la graduación con calidad, en el sistema de Educación Superior, para millones de jóvenes que hoy no acceden a él. Dicha motivación es un hecho, ya que, entre el 2000 y el 2010, el número de bachilleres que no ingresaron a la educación superior, o que desertaron de ella, fue de más de tres millones de jóvenes. Ante ello la tesis del estado es: “tenemos que ser capaces de generar una mayor oferta de instituciones y programas de educación superior de calidad que garanticen el acceso a los jóvenes de bajos recursos” (2). La idea es que para el 2014 las cifras de cobertura sean del 50%, actualmente están en alrededor del 37%.
La idea de que sean las Instituciones de Educación Superior con Ánimo de Lucro (IESAL) las llamadas a resolver el problema del acceso, la permanencia y la calidad no es del todo viable, puesto que los casos que han vivido países como los Estados Unidos, México y Brasil demuestran lo complicado del asunto.
Es muy importante observar de que manera ha ayudado las IESAL al progreso de los brasileños, que hoy ocupan el octavo lugar entre las países más desarrollados, y es la referencia más usada por la ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra en las exposiciones que ha realizado sobre el por qué de la reforma, debido a que, debemos seguir estos modelos para poder llegar a los estándares que ha logrado el vecino país.
En un estudio realizado por José Dias Sobrinho y Márcia Regina F. de Brito sobre la Educación Superior en Brasil durante el periodo 1995-2007(3), muestra la abrumadora creciente de IESAL de dudosa calidad. El sistema de educación superior brasileño se compone de 257 instituciones públicas y 2.141 privadas. Entre las privadas, alrededor del 80% tienen ánimo de lucro; el 20% restante son instituciones comunitarias, o mejor aún, sin fines de lucro. Un 92% del total son pequeñas instituciones que se dedican exclusivamente a la enseñanza y están orientadas a entregar en el menor tiempo posible los títulos a sus clientes, particularmente con programas nocturnos.
El problema de la cobertura no es lo fundamental, pues la calidad y la pertinencia son elementos claves que permiten orientar a la educación para el mejoramiento de la sociedad. Las IES públicas (en especial las de Sao Paulo) son las que tienen el 66% del personal docente con el título de doctor, lo que permite una mayor incidencia en la investigación, estando estas entre las mejores universidades del mundo. Lo contrario ocurre con las IESAL que se enmarca en preparar personal apto para la competencia laboral del entorno, y que sus aportes científicos son escasos.
Brasil aun esta en el debate de cómo mejorar su sistema de Educación Superior, ya que, la política aplicada a partir del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso no ayudo a reducir la asimetría existente entre las distintas regiones. Además el financiamiento de la Educación Superior se ha hecho bajo los parámetros establecidos por el Banco Mundial, que en pocas palabras incitan al Estado a desprenderse de la obligación en la matricula de los jóvenes estudiantes y a permitir una mayor diversificación de instituciones que presten este servicio (4).
Pero Brasil ha demostrado que el capital privado no ha sido relevante para permitir una mejoría en la calidad de la educación superior, y que esta última sea pertinente a las necesidades prioritarias de su entorno. Las IES públicas requieren de financiamiento puesto que ese 2% del PIB que en la actualidad se destina en la educación es muy lamentable, porque solo en gasto militar la cifra es del 14.2%, y un estricto control por parte del los entes reguladores y de la misma ciudadanía, que es en última la beneficiada de lo que se desarrolle en el ámbito académico.
En Colombia el financiamiento de las IES públicas se hará a través de medidas de rendimientos, como se haría en cualquier entidad que solo le interesara el lucro, y como base se tendría la variación del PIB, manteniendo fijo el presupuesto que hoy se reciben: por ejemplo si el crecimiento real del PIB fuese mayor al 0% y menor al 5%, al aumento de los aportes de la nación seria del 30% de dicho crecimiento; si es mayor al 5% y menor al 7.5%, el incremento se hará en un 40%; si el PIB crece en una cifra igual o mayor al 7.5%, el Estado subirá el suministro en un 50% de dicho crecimiento.
Esto generaría una hecatombe universitaria, pues con el presupuesto actual solo pueden sobrevivir algunas universidades. En el caso de la Universidad del Atlántico, y como consecuencia del acuerdo de concurrencia (gestado en el gobierno del presidente Uribe), el pasivo pensional cuesta alrededor del 30% del total destinado por el Estado, lo que afecta el normal funcionamiento y pone en riesgo programas de mejoramiento de la calidad educativa y del bienestar de sus estamentos.
Esto deja claro a que es lo que juega el gobierno de la “Unidad Nacional” del presidente Juan Manuel Santos Calderón, estas reformas no es más que el acondicionamiento de la educación del país para el modelo de mercado que rige en la actualidad.
El TLC que el gobierno colombiano espera que apruebe el congreso estadunidense le abrirá las puertas a un sin número de empresa que vendrán a desocupar los ríos, montañas y bosques del país; para lo cual el personal requerido no es sino un colombiano dispuesto a renunciar a su dignidad a cambio de un miserable salario que no le permite mejorar su calidad de vida y sumado a ellos las necesidades básicas insatisfechas llegan a cifras espeluznantes, muy contrario a las cifras de rentabilidad que ha tenido el sector financiero, que son los únicos ganadores con todas las políticas aplicadas durante los últimos años.
Es que el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para Todos” sostiene que entre sus cinco “locomotoras para el desarrollo” (infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación) (5), la educación debe estar ajustada para la ejecución de los planes establecidos, violando así la autonomía universitaria. Con este plan se crean los llamados Sistema Nacional de Evaluación y Sistema Nacional de Evaluación por Competencias, en donde se instituye la idea de educación como empresa, es decir, la enseñanza de lo más mínimo con el fin de ser más eficientes en la educación, no forjar profesionales integrales, sino aquellos que con la enseñanza de mínimos se acoplen al mercado laboral cada vez más degradable (en especial por lo establecido en la ley 789/02 y la propuesta de ley del primer empleo).
¿Qué tipo de profesional requiere la minería?, solo por mencionar que el aporte de nuevos empleos por parte de este tipo de actividad económica no alcanza ni el 1%, sumándole que tiene la tasa más baja de impuestos de la región que no cubre siquiera en una centésima parte los daños ambientales y sociales generados. La respuesta está de más.
La reforma a la ley 30 busca en el fondo constituir a Colombia en un atractivo para las maquilas, industrias explotadoras de recursos naturales y las patentes de investigaciones farmacéuticas derivadas de la biodiversidad de la fauna y flora. Es falso que su interés sea la de permitir el acceso de los sectores menos favorecidos para que apliquen sus conocimientos en la mejora de la sociedad, más allá, la reforma entabla que el capital privado es el mesías a todos los problemas nacionales, y así como lo establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), todos los bienes y servicios son transables, incluyendo allí la salud, el saneamiento básico y la educación, pero hoy por hoy de la universidades existentes en el país el 60% son privadas ( sin ánimos de lucro) y aun así la mayor parte de la población estudiantil está concentrada en las universidades públicas.
La educación si es una gran inversión (tal y como el gobierno lo plantea), pero no una inversión de capital con aras de generar rentabilidad monetaria, sino, para generar una rentabilidad social que permita a sus habitantes tener mayores aptitudes que coadyuven a cumplir los requerimientos que emanaron del seno de la ONU en sus metas del milenio (6).
Es que el gobierno de la “Unidad Nacional” aspira a que Colombia pueda ingresar al OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y para ello está comprometido a hacer los respectivos cambios necesarios que faciliten esta incursión y la reforma a la Ley 30 es uno más de ello, ante ello el país está destinado a todo tipos de cambios.
(1) Propuesta de reforma a la Ley 30. “Ley General de Educación Superior”
(2) ABC del proyecto de reforma a la educación superior en Colombia: La inversión en educación, el mejor negocio que puede hacer un país.
(3) La Educación Superior en Brasil: principales tendencias y desafíos.
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Faval%2Fv13n2%2F11.pdf
(4) La Enseñanza Superior. “Las lecciones derivadas de la experiencia”. 1995, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Banco Mundial Washington D.C. EE.UU.
(5) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. “Prosperidad para Todos”. http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/PND20102014.aspx
(6) http://www.pnud.org.co/sitio.shtml
